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El Gobierno provincial continúa en la implementación de la nueva normativa de arbolado público con un régimen de fiscalización y sanciones, criterios técnicos unificados y capacitaciones destinadas a municipios, organismos públicos y empresas de servicios. Las medidas buscan mejorar la planificación, fortalecer los controles y garantizar la conservación del patrimonio arbóreo mendocino.El Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, continúa fortaleciendo las políticas destinadas a la protección y conservación del arbolado público mediante la actualización de su marco normativo, la capacitación de los distintos organismos intervinientes y la incorporación de herramientas de planificación y control.
En este contexto, una nueva resolución establece el régimen de fiscalización y sanciones aplicable a las intervenciones sobre el arbolado público, complementando las disposiciones de la Ley Provincial 7874, su modificatoria Ley 9702 y el Decreto Reglamentario 1720/2026.
La medida constituye un nuevo avance en el trabajo que viene desarrollando el Departamento de Forestación para promover una gestión integral del patrimonio arbóreo provincial, basada en criterios técnicos comunes, responsabilidades definidas y una mayor coordinación entre la Provincia, los municipios y los organismos vinculados con su mantenimiento.
Nuevas herramientas para fortalecer el cumplimiento de la normativa
La resolución establece mecanismos de fiscalización y un régimen sancionatorio destinado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de planificación, gestión, información y control del arbolado público.
Entre sus principales disposiciones se contempla la aplicación de apercibimientos, multas y medidas de reparación, recomposición o compensación frente a intervenciones que incumplan las condiciones establecidas por la legislación.
Las infracciones podrán clasificarse como leves, graves o muy graves, con sanciones que contemplan una escala general de entre 100 y 15.000 Unidades Fiscales, según la naturaleza de la infracción y las características del daño ocasionado.
Para determinar la gravedad de cada caso, se tendrán en cuenta aspectos como la cantidad de ejemplares afectados, su edad, porte, valor ambiental, paisajístico o patrimonial, la magnitud del daño, su posibilidad de recuperación y la existencia de antecedentes o reincidencia.
La normativa también establece que la aplicación de una sanción no exime al responsable de reparar, recomponer o compensar el daño cuando corresponda.
Asimismo, se prevén procedimientos administrativos que garantizan el derecho de defensa y la evaluación de las circunstancias particulares de cada infracción.
Responsabilidades de municipios y organismos competentes
Uno de los aspectos centrales del nuevo marco normativo es el fortalecimiento de las obligaciones de planificación y seguimiento por parte de los organismos responsables del arbolado público.
La Ley 9702 establece que los municipios deberán elaborar y presentar un Plan de Manejo Integral del Arbolado Público cada cuatro años, ajustado a los lineamientos generales y criterios técnicos mínimos definidos por la autoridad provincial.
También deberán presentar informes anuales que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos, las intervenciones realizadas y los resultados obtenidos.
La nueva resolución contempla medidas frente al incumplimiento de estas obligaciones y de otras disposiciones vinculadas con la actualización de información, la supervisión técnica y las intervenciones sobre los forestales.
De esta manera, se busca consolidar un sistema de gestión que permita planificar las tareas, realizar un seguimiento de su ejecución y fortalecer la responsabilidad de los distintos organismos.
La normativa respeta las competencias propias de los municipios, que conservan sus facultades de fiscalización y sanción dentro de sus respectivas jurisdicciones, mientras que la autoridad provincial ejerce las funciones de supervisión, control y fiscalización que le corresponden legalmente.
Capacitación y trabajo conjunto con los municipios
Como parte del proceso de implementación de estas disposiciones, el Departamento de Forestación de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque realizó el pasado 18 de septiembre, una jornada de capacitación y actualización normativa en las instalaciones del Ecoparque de Mendoza.
El encuentro reunió a aproximadamente 60 participantes, entre representantes de municipios, delegaciones de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, integrantes del Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público y representantes de Vialidad Provincial y Nacional.
Durante la jornada se presentaron los principales alcances de la Ley 9702 y del Decreto Reglamentario 1720/2026, con especial énfasis en las nuevas responsabilidades de los organismos competentes y en los criterios técnicos que deben aplicarse a las intervenciones sobre los ejemplares.
Se abordaron aspectos relacionados con la poda, la erradicación, las autorizaciones de intervención, la reposición de forestales, la planificación de tareas y los procedimientos administrativos establecidos por la normativa.
La actividad permitió además generar un espacio de intercambio entre las distintas jurisdicciones, con el propósito de resolver consultas, unificar criterios de actuación y fortalecer los canales de coordinación institucional.
Las empresas eléctricas también recibieron capacitación
En continuidad con este trabajo, el Departamento de Forestación desarrolló una capacitación específica dirigida a empresas prestadoras de servicios eléctricos, con el objetivo de dar a conocer el nuevo marco normativo y promover prácticas adecuadas en las intervenciones sobre el arbolado público.
Las tareas de mantenimiento y conservación de las redes eléctricas suelen requerir trabajos sobre ejemplares ubicados en proximidad a líneas e instalaciones de distribución. Por ello, resulta fundamental que estas intervenciones se realicen bajo criterios técnicos que permitan compatibilizar la seguridad del servicio con la conservación de los forestales.
Durante la capacitación se destacó la importancia de evitar podas excesivas o innecesarias, planificar adecuadamente los trabajos, contar con las autorizaciones correspondientes y respetar las características estructurales y sanitarias de los ejemplares.
La nueva resolución también contempla expresamente a las empresas distribuidoras de servicios públicos, sus contratistas y subcontratistas, estableciendo mecanismos de fiscalización y sanción ante incumplimientos de las condiciones técnicas o administrativas aplicables.
En particular, se prevén criterios uniformes para las intervenciones que involucren más de una jurisdicción municipal y se encuentren sujetas a autorización, coordinación o fiscalización provincial.
Estas acciones buscan fortalecer la articulación entre los organismos de control y las empresas de servicios, promoviendo intervenciones responsables que contribuyan a reducir los daños sobre el patrimonio arbóreo.
Una gestión integral para conservar el patrimonio ambiental de Mendoza
La actualización legislativa, las capacitaciones desarrolladas y la incorporación de herramientas de fiscalización forman parte de una estrategia integral impulsada por la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, a través de su Departamento de Forestación, junto a los municipios.
En una provincia caracterizada por su clima árido, el arbolado público representa un componente fundamental del paisaje y de la calidad de vida de la población, por su aporte de sombra, regulación térmica, biodiversidad y otros beneficios ambientales.
Su conservación requiere una planificación sostenida, intervenciones técnicamente adecuadas y la participación coordinada de los distintos organismos responsables.
A través de estas acciones, el Gobierno de Mendoza busca fortalecer la aplicación efectiva de la normativa, promover una mayor responsabilidad en el manejo de los forestales y avanzar hacia una gestión sustentable que permita preservar y desarrollar el patrimonio arbóreo provincial para las generaciones presentes y futuras.
