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Aunque la definición política del Gobierno es que las tarifas van a aumentar este año hasta un 20%, un porcentaje menor que la evolución de los salarios (y también muy por debajo de la inflación prevista), ayer comenzaron las audiencias públicas no vinculantes para darle un marco de legalidad al proceso.
El curso administrativo (se elevará un informe que supervisarán Carlos Zannini, de la Procuración del Tesoro; y Carlos Montero, de la Sindicatura General de la Nación, SIGEN) terminará en una actualización que llegaría el 1 de marzo.
La fecha está atada a que no se repitan las discusiones internas dentro del Frente de Todos en relación a la política energética y tarifaria.
Es que el cronograma de las audiencias determinó que ayer iniciara la que se restringe exclusivamente a transporte y distribución de gas, segmentos regulados.
El lunes 31 la cartera que conduce Darío Martínez -y que depende del ministro de Economía, Martín Guzmán-, exhibirá escenarios sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que se traslada a las tarifas
Como los usuarios residenciales pagan menos que el costo medio de abastecimiento, que incluye la producción local y las importaciones, el Estado se hace cargo de la diferencia mediante subsidios a la demanda.
Con todo, si el Gobierno decide cambios en la forma de remunerar a las petroleras por su producto para bajar el déficit fiscal, un pedido expreso del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Enargas debería convocar a una nueva audiencia pública, lo que extendería los plazos de definición.
Actualmente, los hogares pagan en pesos el gas a un promedio equivalente a u$s 1,80 por millón de BTU, con un costo medio cercano a los 4 dólares.
Esa porción de las facturas representa el 41% del total y se mantiene congelada en pesos desde abril de 2019. Por efectos de la devaluación del peso contra el dólar, lo que en ese momento se abonaba u$s 4,62 pasó a los u$s 1,80 de ahora.
