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Las complicaciones financieras y de gestión en Guaymallén encienden las alarmas en el oficialismo mendocino, afectando la narrativa política de la administración provincial. A los problemas de caja y bajas salariales se suman las crecientes quejas por el deterioro urbano y los lucrativos contratos en torno al procesamiento de la basura.
El frente salarial y las cifras en rojo
La recesión económica nacional impacta severamente en comercios y Pymes local. Aunque la gobernación suele desmarcarse señalando su limitada capacidad de acción macroeconómica, el malestar alcanzó a una zona sensible para Alfredo Cornejo: la planta de empleados públicos.
En la intendencia de Marcos Calvente —figura cercana al Gobernador— se aplicó una quita superior al 20% en los ingresos de parte de la planta municipal y del 10% en los cargos políticos. Esto contrasta con el argumento histórico del espacio oficialista, que solía vanagloriarse de haber ordenado las finanzas tras los pagos en cuotas de la gestión de Francisco Pérez.
Según los reportes de la Ley de Responsabilidad Fiscal presentados ante el Tribunal de Cuentas, Guaymallén cerró el primer semestre con un déficit de $17.266 millones. Las planillas reflejan que durante ese período se ejecutó más del 70% de la partida anual para personal, mientras que la recaudación propia cayó un 62% —caída previa al siniestro registrado en su centro de datos—. Además, el municipio percibió solo $1.952 millones de coparticipación, baja atribuida a retenciones por deudas previas que la Provincia descontó sin registrar adecuadamente en los libros locales.
Con una dotación de 3.250 trabajadores (frente a los 1.617 de Godoy Cruz), las protestas no tardaron en hacerse oír. Las autoridades comunales justificaron la coyuntura en la baja de ingresos (-17,49% respecto a lo planificado), la declaración de emergencia administrativa y la pérdida de capacidad de pago de los vecinos por endeudamiento.
Disputas por la coparticipación y el estado de la infraestructura
El escenario fiscal ajustado salpica a otros municipios. Las modificaciones en el reparto de la coparticipación impulsadas tras el último Censo favorecieron a comunas aliadas como Godoy Cruz y perjudicaron a las de mayor crecimiento poblacional, como Maipú y Luján de Cuyo. Respecto a esta última, su intendente Esteban Allasino mantiene un reclamo judicial ante la Suprema Corte por fondos adeudados correspondientes a la zona de Vertientes del Pedemonte.
En paralelo, los intendentes enfrentan el malestar ciudadano por el deterioro de la red vial, las cloacas colapsadas y las fallas de agua, agravadas por el ciclo de lluvias. Las críticas abiertas de Calvente hacia la empresa provincial Aysam y las denuncias desde Irrigación —que incluyeron acciones penales contra Humberto Mingorance— dejan en evidencia roces entre funcionarios del propio esquema de gobierno.
El negocio de los residuos urbanos
A la par de las tensiones presupuestarias, el rubro de la basura concentra cuantiosas cajas de contratación pública:
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Licitación en Las Heras: La gestión de Francisco Lopresti lanzó un llamado para concesionar la recolección, barrido, mantenimiento de espacios verdes e higiene general por un valor inicial de $2.800 millones mensuales ($268.800 millones por la totalidad del contrato), más $200 millones mensuales en adicionales.
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Procesamiento de desperdicios: El predio de El Borbollón, centro donde se deposita la basura de todo el Gran Mendoza, es administrado por la firma Selfix (vinculada al empresario Diego Dumit). Esta compañía comenzó a operar tras las disputas contractuales originadas durante la intendencia de Daniel Orozco, manteniéndose hasta la actualidad como un actor determinante de la gestión ambiental e intermediación de servicios en la zona.
