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Una nueva propuesta legislativa en Mendoza busca reformar la Ley Orgánica de Municipalidades para ampliar la actividad legislativa de los concejos deliberantes.
Con este cambio, los ediles comenzarían sus sesiones ordinarias el 1 de febrero y finalizarían el 30 de noviembre, sumando dos meses al calendario actual para agilizar la discusión de los presupuestos e incrementar la fiscalización de las finanzas municipales.
La iniciativa es impulsada por el diputado radical Néstor Majul, secundado por las firmas de Martín Rostand (PRO) y Mauricio Sat (PJ). El texto recoge una moción previa del Concejo Deliberante de Luján de Cuyo (Resolución 163/2026), aunque sus alcances se aplicarían a la totalidad de las comunas provinciales bajo dicho marco legal.
En la actualidad, las sesiones ordinarias se extienden del 1 de marzo al 30 de octubre, contando con la alternativa de solicitar prórrogas de hasta un mes. La reforma busca sumar febrero al comienzo del ciclo y noviembre al final, evitando que gestiones clave requieran constantes prórrogas o convocatorias extraordinarias.
Los principales fundamentos de la propuesta apuntan a: Sincronizar el tratamiento de las rendiciones de cuentas: La normativa obliga a los intendentes a presentar los balances del año anterior en la primera semana de febrero y exige al cuerpo deliberativo revisarlos durante ese mes.
Sin embargo, la labor habitual arranca formalmente en marzo, generando un desfasaje formal.
Mayor margen para el Presupuesto: Dado que los intendentes envían sus proyectos presupuestarios durante octubre y con fecha límite al 1 de noviembre, el cierre actual de sesiones (30 de octubre) solía dejar el debate a expensas de prórrogas. Al extender las actividades hasta fines de noviembre, las comunas dispondrán de tiempo suficiente para evaluar y aprobar las partidas financieras antes de iniciar el nuevo año económico.
El proyecto también establece que, al iniciar cada período, los jefes comunales deberán brindar un balance público y detallado sobre el estado del municipio y el movimiento de recursos del ejercicio finalizado.
En relación con el examen de cuentas, los concejos contarán con el mes de febrero para resolver su aprobación o rechazo —total o parcial— previo dictamen de la comisión abocada. Si la evaluación no concluye en dicho mes, el tema conservará prioridad absoluta al reanudarse la actividad parlamentaria ordinaria.
Por otro lado, los autores argumentan que la incorporación del expediente electrónico, la firma digital y las herramientas remotas hacen perfectamente viable el trabajo en estos meses adicionales sin suponer un gasto operativo extraordinario ni alterar las facultades de las comunas.
De convertirse en ley, la modificación regirá desde el primer ciclo de sesiones posterior a su publicación oficial, requiriendo la actualización de los reglamentos internos de cada cuerpo deliberativo.
