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La comisión de Presupuesto y Hacienda debate la iniciativa aprobada por la Cámara baja. El oficialismo busca llevarlo al recinto y sancionarlo antes de fin de año.
El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y el ministro de Economía, Martín Guzmán, la semana pasada en el Congreso.
El Senado empezó este miércoles a tratar el proyecto de Bienes Personales al que la Cámara de Diputados le dio media sanción este martes. El oficialismo busca que llegue al recinto y se sancione antes de fin de año.
Las claves de la iniciativa que modifica varios aspectos del impuesto patrimonial pueden resumirse en:
Quiénes pagarán Bienes Personales en 2022
Si el proyecto se convierte en ley, el mínimo no imponible pasa de $2 millones a $6 millones,
Es decir quien tenga patrimonio (automóviles, propiedades) por esa cifra o más, deberá pagar Bienes Personales.
La vivienda familiar de uso permanente queda excluida de ese cálculo si no supera de valuación fiscal los $30 millones (hoy en $18 millones).
Cómo quedarán las escalas de alícuotas de Bienes Personales en 2022
La iniciativa establece la siguiente escala:
Quien exceda el mínimo no imponible de entre 0 y 3 millones de pesos pagarán una alícuota de 0,5%.
Quien supere el MNI de entre $3 millones y $6,5 millones deberán pagar el 0,75%.
Entre $6,5 millones y $18 millones de excedente, el impuesto será de 1%.
Si supera entre $18 millones y $100 millones se paga el 1,25%.
Quienes superen los $100 millones, tributarán 1,5%.
Y aquellos con más de $300 millones estarán en 1,75%.
Para los bienes en el exterior se mantiene la alícuota de 2,25%, que iba a ser “transitoria” por dos años. También faculta al Gobierno a dictar incentivos para la repatriación de esos capitales.
“Los nuevos tramos permiten mejorar la equidad vertical entre contribuyentes con patrimonios de mayor cuantía, incorporando mayor progresividad”, expusieron desde Economía.
Cuántas personas dejarán de pagar si el proyecto se convierte en ley
En la actualidad, 1 millón de personas están alcanzadas por el gravamen. Se estima que algo menos de 500.000 personas quedarán fuera si se aprueba el proyecto, aunque cálculos del Ministerio de Economía indicaban que el universo exceptuado se ubicaría en torno a 130.000 contribuyentes.
