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El Gobierno analiza extender las sesiones ordinarias del Congreso durante diciembre, ante el atraso que acumula la agenda legislativa y la lentitud de la negociación por el Presupuesto 2027. La idea original de la Casa Rosada era votar la ley de gastos en la primera semana de noviembre, pero ahora el cálculo apunta a un tratamiento en Diputados hacia mediados o la tercera semana de ese mes.
La decisión aún no fue formalizada, aunque en el Poder Ejecutivo reconocen que será difícil completar los temas pendientes antes del 30 de noviembre, fecha en la que termina el período ordinario según la Constitución. El plan es prorrogarlo mediante un decreto presidencial y evitar así un llamado a sesiones extraordinarias.
El problema empezó con la postergación de otros proyectos que el oficialismo pretendía resolver a principios de octubre. Discapacidad y Morosidad pasaron a una sesión que La Libertad Avanza prepara para el 21 de octubre, junto con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculada a Malvinas y, si llega a tiempo con dictamen, la de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Ese corrimiento repercutió sobre el Presupuesto. En Balcarce 50 estiman ahora que la votación llegará después de la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. En el Congreso ya circula el 17 de noviembre como fecha posible, aunque en el Gobierno no la consideran definida. La negociación está todavía en una etapa inicial y el Ejecutivo debe resolver los cambios que reclaman los bloques cuyos votos necesita.
Entre los temas abiertos figuran los fondos para Discapacidad, el financiamiento de las universidades nacionales y los pedidos de obras y recursos de los gobernadores. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ya recibió planteos del PRO, la UCR y bloques provinciales, que condicionan parte de su apoyo a modificaciones en esos capítulos.
En la Casa Rosada creen que el Presupuesto tiene buenas chances de aprobarse, pero admiten que el texto todavía no está lo bastante consensuado como para apurar la votación. Además, le asignan un peso político y financiero: consideran que tener una ley de gastos aprobada es una señal de gobernabilidad frente a los mercados y los organismos internacionales.
La discusión presupuestaria se superpone con otros temas sensibles. El oficialismo sigue negociando la suspensión de las PASO, que requiere acuerdos con gobernadores y senadores, mientras que el proyecto sobre Malvinas enfrenta objeciones de varios bloques por los capítulos de seguridad, defensa y atribuciones del Ejecutivo.
En el Gobierno reconocen que la ley de Malvinas está más trabada que el Presupuesto. Ya se abrió la puerta a sumar una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad, pero se mantiene el rechazo a dividir la iniciativa. La intención es seguir negociando su contenido antes de llevarla al recinto.
Con la reforma electoral, la lógica es distinta. La Casa Rosada quiere sancionar al menos la suspensión de las primarias antes de fin de año, aunque admite diferencias con los aliados. Por eso, la estrategia es llevar esa votación hacia el cierre del período legislativo, cuando estén garantizados los apoyos individuales en el Senado.
Con todos esos proyectos corridos, diciembre se perfila como un mes de actividad parlamentaria. Si Milei firma la extensión, será la primera vez en su gestión que prorrogue las sesiones ordinarias. En 2024 y 2025 dejó que el período regular terminara el 30 de noviembre y, cuando lo creyó necesario, convocó a extraordinarias.
Desde que asumió, el Presidente llamó a cuatro períodos extraordinarios: el que comenzó el 26 de diciembre de 2023, el de enero y febrero de 2025, el de diciembre de 2025 y el de febrero de 2026. También extendió en dos ocasiones convocatorias extraordinarias ya en curso: en enero de 2024 prolongó la primera hasta el 15 de febrero, y este año estiró hasta el 28 de febrero la que vencía el 27.
La diferencia no es menor. Las sesiones ordinarias van del 1 de marzo al 30 de noviembre y el Presidente puede prorrogarlas; durante esa extensión, las cámaras mantienen su agenda habitual. En extraordinarias, en cambio, es el Ejecutivo el que fija por decreto qué temas se pueden tratar.
Esta vez, el Gobierno prefiere mantener abierto el período ordinario porque prevé llegar a diciembre con varios expedientes en negociación al mismo tiempo. Además, una vez aprobado en Diputados, el Presupuesto deberá pasar por el Senado, lo que achica todavía más los plazos. El calendario final dependerá de cómo avancen las conversaciones de octubre y noviembre: cuanto más se demoren Discapacidad, Malvinas y los acuerdos con los gobernadores, más larga será la extensión que necesitará el Congreso.
