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El gobierno utiliza el conflicto para desviar la atención de temas que le hacen daño, como el caso Adorni, el 3% de Karina o el avance de la justicia en el caso Libra.
La decisión del Gobierno nacional de suprimir el régimen de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos pediátricos reavivó el conflicto con las empresas de transporte de larga distancia. La medida, oficializada por la Resolución 28/2026, llega en medio de un litigio judicial y con una deuda estatal que, según el sector, supera los 27.000 millones de pesos.
Durante años, las compañías estuvieron obligadas a otorgar boletos sin cargo, mientras el Estado cubría parte del costo bajo la figura de “servicio público”. Pero el Decreto 883/24 desreguló el sistema y eliminó esa categoría, dejando a las firmas sin compensaciones aunque aún debían cumplir con la gratuidad.
La Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) recordó que la Justicia ordenó mantener el beneficio, pero con la condición de que el Estado pagara lo adeudado. Sin embargo, los desembolsos se suspendieron en noviembre de 2024 y la deuda se acumuló. En mayo, el Juzgado Federal declaró el incumplimiento del Estado y aprobó una primera liquidación por 8.753 millones de pesos, intimando al Ministerio de Economía a saldarla en diez días.
La nueva resolución elimina definitivamente las compensaciones, aunque ratifica el derecho al transporte gratuito. Para las empresas, esto implica trasladarles el costo de una política pública sin respaldo financiero. “El problema no es el derecho, sino la contradicción de mantener obligaciones propias de un servicio público en un mercado desregulado”, señalaron desde CELADI.
El conflicto preocupa a organizaciones de discapacidad y pacientes, que temen que la disputa termine afectando un beneficio esencial para miles de personas que dependen de estos traslados para acceder a tratamientos y rehabilitaciones.
